El Acuerdo de París, ratificado por México en 2016, compromete a las naciones a limitar el aumento de la temperatura global. México se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, condicionado al apoyo internacional. Se implementa el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) como parte de la estrategia, estableciendo topes anuales para sectores económicos, donde las empresas deben presentar derechos de emisión. Tras un periodo de prueba que finalizó en diciembre de 2022, el SCE entra en vigor en enero de 2023, aunque aún no se han anunciado las reglas para la fase operativa. La incertidumbre rodea la situación, y se espera que las empresas se preparen para cumplir con las nuevas legislaciones ambientales. Se destaca la diferencia entre un SCE y un impuesto al carbono, indicando que ambos pueden coexistir y potenciarse. La efectividad del SCE se mide por la reducción de emisiones, impacto en la inversión e innovación, y márgenes de utilidad en los sectores participantes. El gobierno establece objetivos anuales de reducción, y las empresas buscan reducir emisiones mediante iniciativas internas antes de participar en el comercio de emisiones cuando sea necesario.
Fuente: Revista Greentology
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