El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua, ordenar la gestión institucional y armonizar el uso del recurso hídrico. Sin embargo, la norma presenta vacíos relevantes: carece de un marco operativo claro, presupuesto definido e infraestructura para su implementación. Aunque redistribuye competencias y redefine obligaciones gubernamentales, exige un andamiaje normativo aún inexistente, como reglamentos, manuales y mecanismos de coordinación, lo que pone en duda su aplicación efectiva y la equidad que la sociedad demanda.
Fuente: La Jornada