Aunque aún no se ha presentado oficialmente la propuesta de reforma a las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, es urgente enfrentar los retos de una nueva legislación hídrica. Desde 1992, la sobreexplotación de los acuíferos en México se ha agravado por pozos ilegales, concesiones estandarizadas sin considerar cultivos o regiones, y extracciones superiores a la capacidad de recarga. La Conagua no ha logrado controlar estos abusos, lo que evidencia la necesidad de un enfoque basado en daños ambientales, sociales e institucionales del régimen hídrico actual.
Fuente: La Jornada