Aumentan recursos al campo, pero no en programas que fomentan productividad.

En 2024, el sector agrícola mexicano enfrenta varios desafíos, incluyendo la gestión eficiente del presupuesto asignado por el Ejecutivo Federal en medio de una fuerte sequía que afecta a varios estados del país y una alta inflación. El presupuesto asignado para el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural es de 74,110 millones de pesos, un aumento del 5.08% con respecto a 2023. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) también experimenta un aumento del 9.02%, alcanzando los 440,594 millones de pesos.

A pesar de estos incrementos presupuestarios, los especialistas argumentan que las áreas que recibieron mayores fondos no promueven la productividad del sector. El análisis del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA) señala que el gasto del PEC está fuertemente orientado hacia programas de asistencia social, como pensiones para adultos mayores, el programa Sembrando Vida y los programas de abasto rural de Diconsa y Liconsa. Además, la inversión en infraestructura no se centra en caminos rurales o infraestructura hídrica, sino en transferencias a municipios, lo que plantea dudas sobre su destino.

Las vertientes de salud y educación también tienen un impacto limitado en el desarrollo nacional, con un alto porcentaje de la vertiente educación destinado a becas del Bienestar Benito Juárez. El presupuesto federal tiene un componente asistencialista significativo, lo que, según GCMA, no establece las bases para mejorar la productividad y controlar la inflación de manera efectiva.

En cuanto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el presupuesto refleja una orientación hacia el gasto asistencial en lugar del gasto productivo. Tres programas de la Sader concentran el 62.45% del presupuesto total: Fertilizantes, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía de Productos Alimentarios Básicos. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la Sader para recopilar información y optimizar la ejecución de programas clave, como el de fertilizantes, producción para el bienestar y precios de garantía, ya que el programa de regulación, supervisión y aplicación de políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera experimenta una reducción de presupuesto.